La CNU. El terrorismo de Estado antes del golpe, de Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal

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Dos Perros Ediciones, año 2016. Segunda Edición ampliada y corregida. Tamaño 20 x 14 cm. Estado: Nuevo. Cantidad de páginas: 384

la-cnu-001Por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal
Octubre de 2016

La Concentración Nacional Universitaria (CNU) nació en La Plata, en la segunda parte de la década de los 60, como una organización universitaria de la ultraderecha peronista inspirada en el catolicismo preconciliar y el falangismo español, con una fuerte impronta antisemita y anticomunista. Para englobarlos, metía a todos sus enemigos en la difusa categoría de “agentes de la sinarquía internacional”.

Conducida ideológicamente por el latinista y helenista Carlos Disandro (a) el Pélida -un hombre que solía visitar a Juan Domingo Perón en su exilio español y que acusaba de comunista al papa Juan XXIII- la CNU devino rápidamente en un grupo de choque
dedicado a hostigar a los militantes de las agrupaciones estudiantiles de izquierda en las universidades de La Plata y Mar del Plata. Sus primeras armas fueron los puños, los palos y las cadenas, pero pronto empezaría a utilizar otras.

Prácticamente desconocida fuera del ámbito de esas dos universidades, la CNU incursionó abruptamente en las primeras planas de los diarios a principios de diciembre de 1971, cuando uno de sus grupos -formado por estudiantes y dos policías bonaerenses- irrumpió a los tiros en una asamblea en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata y asesinó a Silvia Filler, una alumna de 19 años. Algunos miembros de la patota fueron rápidamente detenidos y procesados pero salieron en libertad con la amnistía del 25 de mayo de 1973.

La masacre de Ezeiza -en la que participaron no pocos integrantes de la CNU, algunos de los cuales fueron fotografiados disparando contra las columnas que querían llegar al palco-, la renuncía de Héctor J. Cámpora, la presidencia provisional de Raúl lastiri -yerno de José López Rega- y la conformación de la fórmula Juan Domingo Perón-María Estela Martínez de Perón para las el elecciones de septiembre de 1973 terminaron de volcar al peronismo en el poder hacia la derecha. Pero el ala izquierda del Movimiento resistía y el gobierno tomó la decisión de neutralizarla.

Fue el inicio del terrorismo de Estado previo al golpe.

Una “orden reservada” del Consejo Superior Justicialista para los delegados del Movimiento el 1° de octubre de 1973 -y que, a raíz de una filtración de la reunión secreta en que se dio, se publicó en los diarios La Opinión y Crónica al día siguiente- no solo aporta una prueba documental que conecta con la represión estatal las acciones de las bandas parapoliciales que sembraron el terror antes del golpe del 24 de marzo de 1976 sino que muestra que tenían un objetivo claramente definido: acabar con la llamada “heterodoxia marxista”, esto es un sector de la población. Asimismo, el documento asimila los intereses del Movimiento Nacional Justicialista en el gobierno con los del propio Estado. Esta utilización del aparato estatal en la represión de un sector de la población por el hecho de no compartir la ideología del gobierno permite calificar a los crímenes cometidos por 4sos grupos parapoliciales como delitos de lesa humanidad.

La importancia de los personajes que participaron de esa reunión secreta no deja dudas de que la “orden reservada” bajó desde la más alta jerarquía del Estado. Allí estaban el presidente electo Juan Domingo Perón; el presidente interino en ejercicio, Raúl Lastiri, y varios ministros del gabinete nacional, entre ellos José López Rega. Según La Opinión del 2 de octubre de 1973, el lector del documento fue el senador justicialista José Humberto Martiarena. Luego de la filtración, el gobierno negó durante tres días la existencia de esa “orden” hasta que la evidencia no le dejó otra opción que reconocerla.

La investigación del historiador de la Universidad de General Sarmiento Hernán José Merele sobre el asesinato del abogado y militante del peronismo revolucionario Antonio Tito Deleroni y su compañera, Nélida Chiche Arana, perpetrados el 27 de noviembre de 1973, demuestra que ese atentado fue uno de los primeros consumados como acción terrorista del Estado en el marco de esa “orden reservada”. Fue realizado en una zona “liberada” por la policía bonaerense y la detención de uno de sus autores se debió solamente al accionar de un desprevenido policía federal que fue testigo del hecho. El resto huyó sin problemas. Al ser capturado, el autor material de las muertes, Julio Ricardo Villanueva, se identificó como un “depurador”, es decir, un integrante de los grupos encargados de la “depuración ideológica” del Movimiento a la que alude la orden reservada. Las actuaciones del caso desaparecieron rápidamente tanto de la comisaría en cuya jurisdicción se perpetraron los crímenes como del juzgado encargado de la instrucción.

Pocos después de este doble crimen, la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A) asesinaría al diputado del peronismo revolucionario Rodolfo Ortega Peña, mientras que la banda parapolicial de la Concentración Nacional Universitaria platense, capitaneada por Carlos Ernesto Castillo (a) el Indio, perpetraría en una sola noche un raid que tuvo cuatro víctimas: el dirigente sindical Carlos Ennio Pierini, el referente histórico de la resistencia peronista en La Plata Horacio Chávez, su hijo Rolando, y el docente universitario Luis Macor. para entonces, en la provincia de Buenos Aires, la CNU se había puesto a las órdenes del nuevo gobernador, el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, y operaba en zonas liberadas por la policía bonaerense.

Al mismo tiempo, la CNU marplatense, el Comando Libertadores de América en Córdoba, y el Comando Pío IX en Salta, Tucumán y otras provincias argentinas realizaban acciones de similares características, iniciando una escalada de terror que ya no se detendría.

En el resto del país también comenzaron a actuar, con igual modus operandi, patotas integradas por culatas sindicales y policías. Los “blancos” del accionar de todos estos grupos paraestatales eran los mismos: estudiantes y docentes identificados con la izquierda o el peronismo revolucionario, dirigentes sindicales combativos y disidentes dentro del Justicialismo. Las calles quedaban sembradas de cuerpos acribillados con un objetivo que iba más allá de eliminar al “blanco” elegido: sembrar el terror entre la población. Esa política para el tratamiento de los cuerpos de las víctimas solo cambiaría con la llegada de la dictadura, que instalaría su desaparición.

La investigación sobre la Concentración Nacional Universitaria reunida en este libro revela también que a partir de octubre de 1975 -es decir, dos años después de aquella “orden reservada” del Consejo Superior Justicialista- todos estos grupos pasaron a operar bajo las órdenes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Después del 24 de marzo de 1976, la mayoría de sus integrantes se sumaría a los grupos de tareas de la represión dictatorial.

Recuperada la democracia a fines de 1983, la magnitud de las atrocidades cometidas por los grupos de tareas durante la dictadura cívico militar dejó fuera de foco otros aspectos del terrorismo de Estado en la Argentina. Tuvieron que pasar más de dos décadas para que la justicia prestara atención a la participación civil en el aparato dictatorial y muchos más para que se empezaran a investigar los delitos de lesa humaniaac perpretados por un terrorismo de Estado preexistente al golpe del 24 de marzo.

A más de cuarenta años de ocurridos los hechos, resulta insoslayable el cúmulo de pruebas que ponen en evidencia que el terrorismo de Estado ejercido por la dictadura no surgió de un día para el otro, sino que fue la continuidad -en una etapa que podría calificarse de superior- de un terrorismo estatal ya instalado durante los gobiernos de Raúl Lastiri, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón. La lentitud por investigarlos y llevar a sus responsables la Justicia solo puede explicarse porque algunos de sus responsables y participantes siguieron integrados a los tres poderes del Estado.

Esta segunda edición, ampliada y corregida, de La CNU. El terrorismo de Estado antes del golpe conserva la secuencia de notas reunidas en la edición original, que permite reconstruir el día a día de la investigación periodística. Asimismo, se agregan nuevos artículos, publicados con posterioridad en el semanario Miradas a Sur, que abordan otros crímenes cometidos por la CNU platense y siguen el avance de las causas judiciales.

Finalmente, para esta nueva edición, los autores han decidido conservar los prólogos originales de Roberto Baschetti y Juliár Axat, y también -conscientes de incurrir en alguna repetición- la nota introductoria y el epílogo de la primera edición.

INDICE
Prólogo para la segunda edición
Prólogo acotado para una investigación extensa
El juez y el cronista
Introducción
Los orígenes
Los crímenes de la CNU: una deuda de la justicia
“Domínguez va a ser boleta”
Garachico, un policía de temer
La Virgencita
Zona liberada para matar a un médico
Cayó Pipi
Expulsiones y querellas
Quién es quien en la CNU de La Plata
Indio disfrazado de soldado
Pocos avales para Pipi
La casa operativa de la CNU
Un infiltrado en la CNU
Volantes en Tribunales
Fierros al por mayor
Bella actriz fue acribillada
Tres firmas y un decreto
El Misto no contesta
Firmas
¿Los indemnizaron por parapoliciales?
Tres fusilados y un muerto en el baúl
Nuevas revelaciones
Un comisario ligado a la CNU es “ejemplo” para la bonaerense
Se presentaron cinco querellas por los crímenes de la CNU
Una víctima de la CNU reconoció al Indio Castillo
Insólito: Pipi Pomares sigue en la planta permanente del Senado
La continuidad del terror
Crónica de un asesinato anunciado
Era el Indio Castillo
Otro patotero de la CNU que vive del Estado
El arsenal de Dios
La carrera delictiva del Misto no conoce fronteras
El día que la CNU recibió órdenes del Ejército
Los asesinatos de Achem y Miguel siguen impunes
Operación conjunta en Mar del Plata
Víctimas que esperan justicia
Un policía cómplice de la CNU, tranquilo en Mar del Plata
Terror, represión y muerte en el Liceo Víctor Mercante
Lluvia de balas para un intendente que molestaba
Matar a una novia
Una máquina de dormir causas
El secuestro de Miceli y el triste cabaret del Flaco Vela
El Gordo Garachico, entre rejas
Los dos alemanes de la CNU
De la CNU a la Unión Polaca
Disparen contra Silo
Diez acusados por dos muertes
Juzgar a la CNU es más difícil que a los militares
El testimonio del Boxer fue remitido a la Fiscalía
A los tiros y a mansalva
Pipi, afuera del Senado
Bautismo de fuego para cuatro canas de la CNU
El extraño caso del Torino volcado
Una imputación bien gorda
5 x 1
Procesamiento firme para dos asesinos de la CNU
Inteligencia previa para asesinar a un militante
Otros dos detenidos de la CNU
El día que Pipi Pomares quiso ser derecho y humano
Los informes secretos de la Bonaerense sobre la CNU
La herencia que deja Corazza
El Indio ganó una condena, el Misto perdió una pensión
A Patulo lo hicimos nosotros
El regreso de los muertos vivos
Buscan unificar las causas por los crímenes de la CNU
Operación Once por Ponce
Sembrar el terror
Garachico, policía todo terror´
Un fusilado en el puente Roma
La Bonaerense le dio la cana a cuatro CNU
Elevarán a juicio cuatro crímenes de la CNU
El fusilamiento de cuatro chinos
Querella de H.I.J.O.S. por crímenes de la CNU
La CNU vive, amenaza e intimida
La hora de la CNU
Revelaciones ante el Juez y avisos fúnebres
A modo de Epílogo